Noticias de la Marina Alta
Educació mueve ficha ante la presión de la huelga, pero los sindicatos mantienen el pulso ante la falta de concreción
La huelga indefinida de la educación pública valenciana ha entrado en una nueva fase. Tras cuatro jornadas consecutivas de protestas multitudinarias en toda la Comunitat (con especial incidencia en comarcas como la Marina Alta, donde miles de docentes, familias y estudiantes han salido a la calle) la conselleria d'Educació ha puesto sobre la mesa un primer documento de preacuerdo para intentar reconducir el conflicto.
La negociación llega en un momento de máxima tensión social y educativa. Las movilizaciones de esta semana han evidenciado un creciente desgaste en el sistema educativo valenciano y una sensación compartida entre el profesorado de que la carga laboral y administrativa ha alcanzado límites difíciles de sostener.
La propuesta, presentada a los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF este jueves durante la Mesa Sectorial de Educación, aborda buena parte de las reivindicaciones planteadas por el profesorado durante los últimos meses: Reducción de ratios, menos burocracia, mejoras en inclusión educativa, infraestructuras y Formación Profesional. Sin embargo, el texto no ha logrado desactivar la movilización. El preacuerdo supone una especie de panacea idílica que debería ser una realidad en el ámbito educativo autonómico, pero la falta de concreción da la sensación de que se queda en papel mojado. Las organizaciones sindicales consideran que el documento sigue siendo "insuficiente, ambiguo y sin garantías económicas ni calendarios concretos de aplicación".
Desgranando el preacuerdo de la conselleria
De todas las reivindicaciones planteadas hay una que ha unificado al profesorado durante los últimos cursos: La sobrecarga burocrática. Consciente de ello, en el preacuerdo presentado, la conselleria dedica uno de los apartados más extensos con el fin de lograr una futura simplificación administrativa.
Entre las medidas anunciadas figura la implantación del EDEN (el Expediente Docente Electrónico Normalizadode la Generalitat que almacena ,de forma digital y segura, todos los datos personales y administrativos y el historial profesional de los docentes de centros públicos), la integración de distintas plataformas en ITACA (la plataforma que permite a los docentes gestionar sus tareas diarias como la evaluación del alumnado, el control de asistencia y la comunicación con las familias) y la creación de un canal único de aplicaciones informáticas.
También se propone eliminar determinados trámites vinculados a proyectos de innovación educativa, simplificar documentos oficiales de evaluación y estudiar la incorporación de auxiliares administrativos en algunos centros. El documento incluyeuna cláusula para impedir que futuras normativas autonómicas incrementen la carga burocrática del profesorado, una demanda largamente repetida en claustros y movilizaciones.
Sin embargo, los sindicatos insisten en que muchas de estas propuestas ya habían sido anunciadas anteriormente sin llegar a materializarse completamente.
Otro de los ejes principales del preacuerdo es la reducción progresiva de las ratios de alumnado por docente. La conselleria plantea adaptar las cifras al calendario previsto por la legislación estatal y estudiar rebajas adicionales en zonas afectadas por la despoblación. No obstante, el texto no concreta unas cifras exactas de ratio o un calendario detallado de implantación, algo que los sindicatos consideran esencial.
La inclusión educativa aparece, precisamente, como uno de los ámbitos con más medidas específicas. En la propuesta de la conselleria se incluye el compromiso de fijar una ratio máxima efectiva de ocho alumnos en las nuevas aulas UECO a partir del curso 2027-2028. La administración autonómica propone crear 135 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje y abrir al menos 36 nuevas aulas UECO el próximo curso. Además, plantea desarrollar unidades de detección precoz en salud mental en coordinación con Sanidad y desplegar el Pla autonòmic de convivència Convivure.
El texto aborda la insuficiencia de las infraestructuras educativas. La Conselleria plantea un plan director que incluiría actuaciones "de confort térmico y accesibilidad", dos cuestiones especialmente sensibles tras los episodios de altas temperaturas sufridos en numerosos centros educativos valencianos durante los últimos cursos. La administración propone además reuniones trimestrales de seguimiento para evaluar el grado de ejecución de las inversiones previstas, aunque, nuevamente, no especifica partidas presupuestarias ni marca plazos concretos de actuación.
Atendiendo a otra de las reivindicaciones, la propuesta dedica un apartado específico a la promoción del valencià. En este apartado, figura un plan de formación lingüística para el profesorado, especialmente en comarcas castellanohablantes, así como la recuperación de la Capacitació en Valencià y el Diploma de Mestre como méritos baremables.
Respecto a la Formación Profesional, la conselleria se compromete a mantener con fondos propios los ciclos implantados inicialmente con financiación europea y a reforzar la conexión entre centros educativos y tejido empresarial mediante la consolidación de la red de prospectores y orientadores de FP.
Pese al amplio abanico de propuestas, el principal punto de fricción sigue intacto. El documento apenas entra en la cuestión salarial, considerada prioritaria por los sindicatos convocantes de la huelga. Tras el encuentro, STEPV, CCOO, UGT y CSIF coinciden en señalar que el texto evita compromisos reales sobre mejoras retributivas y denuncian la ausencia de memoria económica y plazos cerrados para ejecutar las medidas anunciadas.
Aunque la presentación del preacuerdo supone un primer movimiento relevante de la conselleria,el conflicto sigue abierto. El documento concluye con una cláusula en la que ambas partes expresarían su voluntad de continuar negociando en futuras mesas sectoriales monográficas. Pero, por el momento, el profesorado mantiene las movilizaciones convocadas y la huelga continúa activa en toda la Comunitat Valenciana.
La huelga indefinida de la educación pública valenciana ha entrado en una nueva fase. Tras cuatro jornadas consecutivas de protestas multitudinarias en toda la Comunitat (con especial incidencia en comarcas como la Marina Alta, donde miles de docentes, familias y estudiantes han salido a la calle) la conselleria d'Educació ha puesto sobre la mesa un primer documento de preacuerdo para intentar reconducir el conflicto.
La negociación llega en un momento de máxima tensión social y educativa. Las movilizaciones de esta semana han evidenciado un creciente desgaste en el sistema educativo valenciano y una sensación compartida entre el profesorado de que la carga laboral y administrativa ha alcanzado límites difíciles de sostener.
La propuesta, presentada a los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF este jueves durante la Mesa Sectorial de Educación, aborda buena parte de las reivindicaciones planteadas por el profesorado durante los últimos meses: Reducción de ratios, menos burocracia, mejoras en inclusión educativa, infraestructuras y Formación Profesional. Sin embargo, el texto no ha logrado desactivar la movilización. El preacuerdo supone una especie de panacea idílica que debería ser una realidad en el ámbito educativo autonómico, pero la falta de concreción da la sensación de que se queda en papel mojado. Las organizaciones sindicales consideran que el documento sigue siendo "insuficiente, ambiguo y sin garantías económicas ni calendarios concretos de aplicación".
Desgranando el preacuerdo de la conselleria
De todas las reivindicaciones planteadas hay una que ha unificado al profesorado durante los últimos cursos: La sobrecarga burocrática. Consciente de ello, en el preacuerdo presentado, la conselleria dedica uno de los apartados más extensos con el fin de lograr una futura simplificación administrativa.
Entre las medidas anunciadas figura la implantación del EDEN (el Expediente Docente Electrónico Normalizadode la Generalitat que almacena ,de forma digital y segura, todos los datos personales y administrativos y el historial profesional de los docentes de centros públicos), la integración de distintas plataformas en ITACA (la plataforma que permite a los docentes gestionar sus tareas diarias como la evaluación del alumnado, el control de asistencia y la comunicación con las familias) y la creación de un canal único de aplicaciones informáticas.
También se propone eliminar determinados trámites vinculados a proyectos de innovación educativa, simplificar documentos oficiales de evaluación y estudiar la incorporación de auxiliares administrativos en algunos centros. El documento incluyeuna cláusula para impedir que futuras normativas autonómicas incrementen la carga burocrática del profesorado, una demanda largamente repetida en claustros y movilizaciones.
Sin embargo, los sindicatos insisten en que muchas de estas propuestas ya habían sido anunciadas anteriormente sin llegar a materializarse completamente.
Otro de los ejes principales del preacuerdo es la reducción progresiva de las ratios de alumnado por docente. La conselleria plantea adaptar las cifras al calendario previsto por la legislación estatal y estudiar rebajas adicionales en zonas afectadas por la despoblación. No obstante, el texto no concreta unas cifras exactas de ratio o un calendario detallado de implantación, algo que los sindicatos consideran esencial.
La inclusión educativa aparece, precisamente, como uno de los ámbitos con más medidas específicas. En la propuesta de la conselleria se incluye el compromiso de fijar una ratio máxima efectiva de ocho alumnos en las nuevas aulas UECO a partir del curso 2027-2028. La administración autonómica propone crear 135 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje y abrir al menos 36 nuevas aulas UECO el próximo curso. Además, plantea desarrollar unidades de detección precoz en salud mental en coordinación con Sanidad y desplegar el Pla autonòmic de convivència Convivure.
El texto aborda la insuficiencia de las infraestructuras educativas. La Conselleria plantea un plan director que incluiría actuaciones "de confort térmico y accesibilidad", dos cuestiones especialmente sensibles tras los episodios de altas temperaturas sufridos en numerosos centros educativos valencianos durante los últimos cursos. La administración propone además reuniones trimestrales de seguimiento para evaluar el grado de ejecución de las inversiones previstas, aunque, nuevamente, no especifica partidas presupuestarias ni marca plazos concretos de actuación.
Atendiendo a otra de las reivindicaciones, la propuesta dedica un apartado específico a la promoción del valencià. En este apartado, figura un plan de formación lingüística para el profesorado, especialmente en comarcas castellanohablantes, así como la recuperación de la Capacitació en Valencià y el Diploma de Mestre como méritos baremables.
Respecto a la Formación Profesional, la conselleria se compromete a mantener con fondos propios los ciclos implantados inicialmente con financiación europea y a reforzar la conexión entre centros educativos y tejido empresarial mediante la consolidación de la red de prospectores y orientadores de FP.
Pese al amplio abanico de propuestas, el principal punto de fricción sigue intacto. El documento apenas entra en la cuestión salarial, considerada prioritaria por los sindicatos convocantes de la huelga. Tras el encuentro, STEPV, CCOO, UGT y CSIF coinciden en señalar que el texto evita compromisos reales sobre mejoras retributivas y denuncian la ausencia de memoria económica y plazos cerrados para ejecutar las medidas anunciadas.
Aunque la presentación del preacuerdo supone un primer movimiento relevante de la conselleria,el conflicto sigue abierto. El documento concluye con una cláusula en la que ambas partes expresarían su voluntad de continuar negociando en futuras mesas sectoriales monográficas. Pero, por el momento, el profesorado mantiene las movilizaciones convocadas y la huelga continúa activa en toda la Comunitat Valenciana.
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